Cada mañana, miles de trabajadores se enfrentan a una decisión que condiciona su jornada: cómo llegar a su puesto de trabajo. El coche particular, el transporte público o las alternativas compartidas no solo determinan el tiempo invertido en el trayecto, sino también los costes, la seguridad vial y el impacto ambiental de la actividad empresarial.

Esta realidad adquiere especial importancia con la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible, que introduce obligaciones para determinados centros de trabajo. Desde su área de sostenibilidad, Ingade aborda la elaboración de planes que permiten analizar los desplazamientos laborales y plantear alternativas adaptadas a cada organización. La sostenibilidad deja así de limitarse a los procesos productivos y alcanza también los trayectos cotidianos de las plantillas.

Una obligación que afecta a los centros de trabajo de mayor tamaño

La normativa establece que los centros con más de 200 personas trabajadoras, o más de 100 por turno, deberán disponer de un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo antes del 5 de diciembre de 2026. Estos planes buscan analizar cómo se desplazan los empleados y establecer medidas que favorezcan alternativas de transporte menos contaminantes, seguras y adaptadas a las necesidades reales de cada organización.

El primer paso consiste en realizar un diagnóstico. Es necesario conocer los lugares de procedencia de los trabajadores, las rutas habituales, los tiempos de desplazamiento y los medios de transporte utilizados. También deben identificarse los riesgos de accidentes in itinere, aquellos que se producen durante el trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo. A partir de esta información pueden estudiarse distintas soluciones: fomentar el transporte colectivo, facilitar los vehículos compartidos, mejorar los accesos peatonales y ciclistas o incorporar fórmulas de teletrabajo cuando las características del empleo lo permitan.

La legislación también contempla la participación de los trabajadores. Los planes deben negociarse con su representación legal, de modo que las medidas propuestas tengan en cuenta las dificultades cotidianas de quienes realizan los desplazamientos.

Del cumplimiento normativo a la mejora de la organización

Más allá de la obligación legal, revisar la movilidad laboral permite identificar problemas que habitualmente permanecen fuera de las decisiones de gestión. En un polígono industrial mal conectado mediante transporte público, por ejemplo, coordinar desplazamientos compartidos puede resultar más útil que instalar nuevos aparcamientos. En una oficina urbana, facilitar el acceso al transporte colectivo puede reducir la dependencia del vehículo privado.

La consultora Ingade, a través de su área de sostenibilidad, aborda estos planes mediante el análisis de rutas, tiempos de viaje, medios de transporte y riesgos asociados a los desplazamientos. Su planteamiento incluye el diseño de medidas adaptadas a cada organización y el seguimiento de su aplicación. Entre los posibles beneficios figuran la reducción de gastos vinculados al aparcamiento, la disminución del estrés de los trayectos y una mejor prevención de accidentes.

La ley exige, además, elaborar informes de seguimiento cada dos años para evaluar el grado de ejecución de las actuaciones previstas. Esto convierte el plan en una herramienta de gestión continuada, no en un documento que se prepara una sola vez. La coordinación entre empresas próximas también puede facilitar soluciones compartidas, especialmente cuando varias organizaciones concentran trabajadores en una misma zona.

Para Ingade, integrar la sostenibilidad en la movilidad vinculada al empleo implica estudiar primero cómo se desplazan realmente las personas. El desafío para las empresas será transformar ese conocimiento en medidas viables que reduzcan el impacto ambiental sin dificultar el acceso cotidiano al trabajo.

Fuente: Emprendedores de Hoy